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SE PUEDEN PEDIR MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVORCIO



MEDIDAS CAUTELARES EN EL DIVORCIO

Por Thomson Reuters

 

La Cámara dispuso que el embargo del 50% de los ingresos del demandado dispuesto en los términos del art. 722 del Código Civil y Comercial sean sobre los ingresos netos.

 

Sumarios

 

El embargo del 50% de los ingresos del demandado dispuesto en los términos del art. 722 del Código Civil y Comercial debe ser sobre los ingresos netos y no por todo concepto del giro comercial, pues de lo contrario podría peligrar la continuidad de este último.

 

Cuando se trata del divorcio y la separación de bienes es la ley de fondo, por la existencia de la sociedad conyugal, la que determina y acuerda la máxima verosimilitud del derecho para la traba de medidas cautelares (art. 722, Código Civil y Comercial).

 

Cuando se trata del divorcio y la separación de bienes es la ley de fondo, por la existencia de la sociedad conyugal, la que determina y acuerda la máxima verosimilitud del derecho para la traba de medidas cautelares (art. 722, Código Civil y Comercial).

 

Fallo

2ª Instancia.- Buenos Aires, septiembre 13 de 2016.

 

Considerando: I. La resolución mediante la cual se admitieron las medidas precautorias solicitadas por la actora fue apelada por el demandado, a la luz de las quejas que obran en la copia agregada a fs. 17/24 del presente incidente. Corrido traslado, la actora lo contestó a fs. 81/85.

 

El apelante cuestionó que la resolución recurrida se hubiera dictado sin indicar qué derechos de la cónyuge se pretenden asegurar; consideró defectuosa la técnica con la cual fueron requeridas, para lo cual efectuó disquisiciones que en definitiva giran sobre lo que será la pretensión de fondo al tiempo de liquidar la sociedad conyugal; consideró que no existe peligro en la demora por cuanto existen suficientes bienes gananciales para responder por las eventuales pretensiones a esgrimirse, por lo que alegó la innecesariedad del embargo ordenado. Subsidiariamente, solicitó que se acoten los efectos del embargo y medidas de no innovar decretadas hasta el momento de la extinción de la comunidad de bienes, se acoten a los ingresos netos del demandado y se reduzca el porcentaje del embargo.

 

- El actual art. 722 del Cód. Civil y Comercial de la Nación prescribe: œMedidas provisionales relativas a los bienes en el divorcio y en la nulidad de matrimonio. Deducida la acción de nulidad o de divorcio, o antes en caso de urgencia, a pedido de parte, el juez debe disponer las medidas de seguridad para evitar que la administración o disposición de los bienes por uno de los cónyuges pueda poner en peligro, hacer inciertos o defraudar los derechos patrimoniales del otro, cualquiera sea el régimen patrimonial matrimonial. También puede ordenar las medidas tendientes a individualizar la existencia de bienes o derechos de los que los cónyuges fuesen titulares. La decisión que acoge estas medidas debe establecer un plazo de duración.

 

La nueva norma reconoce como antecedentes los arts. 233 y 1295 del Cód. Civil anterior.

 

En reiteradas ocasiones este Tribunal, en consonancia con la doctrina y la jurisprudencia disponibles, sostuvo que las medidas de seguridad dictadas en tales términos tienen su origen en la ley de fondo y no en la procesal (cfr. esta Sala expte. n° 164.567).

 

Las relaciones conyugales, aun en su aspecto patrimonial, son distintas a las que se establecen entre los demás acreedores y deudores contemplados por los códigos procesales en sus artículos sobre medidas precautorias. Por ello no están sujetas a la ley procesal, salvo en los aspectos que no involucren cuestiones resueltas por el derecho sustantivo (cfr. Zannoni, Eduardo, Régimen de Matrimonio Civil y Divorcio, Ley 23.515, pág. 106). Por lo tanto no se requiere que se acredite la verosimilitud del derecho ni el œpericulum in mora (cfr. esta Sala R.n° 210542; íd. R. n° 472165).

 

El título que tienen los cónyuges para solicitar las medidas precautorias, proviene directa y exclusivamente de la ley de fondo y no de las convenciones por ellos otorgadas o de los hechos en cuya virtud las reclamen, cuyo alcance tuviera que someterse a la consideración del juez, a la luz de circunstancias más o menos implícitas y de hechos cuestionables. Por ello, cuando se trata del divorcio y la separación de bienes, es la ley de fondo ”precisamente por la existencia de la sociedad conyugal” la que determina y acuerda la máxima verosimilitud del derecho para la traba de medidas cautelares (cfr. Escribano, Carlos, Medidas Precautorias en Juicios de divorcio y separación de bienes, Abeledo-Perrot, Bs. As., 1976, pág. 112 y sgts.; cfr. CNCiv., Sala G, ED, 116-637; esta Sala n° 149.558 y n° 164.567).

 

Así también, cabe señalar, que la extensión de las medidas cautelares que se traban en los juicios de divorcio está condicionada por la finalidad perseguida de garantizar la integridad del patrimonio de uno de los cónyuges frente a las facultades de administración del otro, hasta tanto se decida y efectivice la liquidación de la sociedad conyugal. Es decir, tienden a proteger derechos en expectativa toda vez que la gestión separada de los bienes de titularidad de cada cónyuge pueda poner en riesgo la división por mitades que para los bienes gananciales corresponde conforme el art. 1315 del Cód. Civil ”actualmente art. 498 CCyC” (cfr. Bueres” Highton, Cód. Civil Comentado, ed. Hammurabi, Bs. As. 2005, T.1, pág. 1045).

 

Es que el derecho consagrado por el art. 498 del CCyC que establece la división de los gananciales por mitades entre cónyuges, puede requerir el amparo de medidas precautorias tendientes a evitar la desaparición de los bienes y la eventual insolvencia del cónyuge deudor.

 

A la luz de lo hasta aquí expuesto, y en la medida en que la pieza a estudio no trasluce más que un hipotético y conjetural agravio, sin que se explicite de modo concreto el real perjuicio o la conducta abusiva de parte de la peticionaria, corresponde desestimar la queja.

 

III. En cuanto a lo demás solicitado en forma subsidiaria, adviértase, en primer lugar, que las medidas fueron ordenadas por un plazo, conforme al nuevo diseño del art. 722 del CCyC en que se fundan.

 

Ahora bien, en lo que respecta a la forma en que fue ordenado el embargo preventivo, resulta atendible la queja. Y esto es así a poco que se observe que el embargo del 50% de los ingresos por todo concepto del giro comercial del demandado puede hacer peligrar la continuidad del mismo. Siendo ello así se estima prudente reducir el embargo al 50% de los ingresos netos, como lo pide el apelante, para lo cual será de utilidad la supervisión encomendada al interventor veedor.

 

Por las consideraciones que anteceden, el Tribunal resuelve: Confirmar la resolución apelada en lo principal que decide, haciendo saber que el embargo del 50% deberá efectivizarse sobre los ingresos netos del demandado. Con costas al demandado que resulta esencialmente vencido (art. 68 Cód. Proc. Civ. y Com. de la Nación). Regístrese, notifíquese y devuélvase. Se hace saber que aquellas partes e interesados que no hayan constituido su domicilio electrónico quedarán notificados en los términos del artículo 133 del Código Procesal (conf. Acordadas n° 31/2011 y 38/2013). La doctora De los Santos no firma por hallarse en uso de licencia. ” Maria I. Benavente. ” Elisa M. Diaz De Vivar.

 

 
Mirta Núñez
Abogada - Psicóloga Social
Coach Personal y Profesional
www.mirta-nunez.com.ar
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